En Colombia quienes producen alimentos son quienes más pasan hambre. Se hace urgente una medida real para proteger a los campesinos.
Pese a la crisis, el Gobierno Nacional ha demostrado estar en contra del reconocimiento del campesinado colombiano. Esta clase de medidas representarían un auxilio real en medio de la crisis por la que el mundo está pasando, sin embargo, el Estado ha despilfarrado los recursos del campo y le ha bajado los aranceles a $0, a productos que se producen en Colombia.
Dentro de este escenario se ha abierto una lucha que no ha pasado desapercibida, pues gracias al Control Político que realizó el Representante a la Cámara por Santander, Ciro Fernández, Finagro tuvo que responderle a Colombia sobre la distribución de los créditos “Colombia Agro Produce” y se logró la devolución de más de 60 mil millones de pesos por parte de grandes empresas de la agroindustria.
El pasado viernes 15 de mayo, este congresista dejó una constancia ante la plenaria de la Cámara en la que reafirma que: “en este momento en que el Estado al fin reconoce la enorme deuda que tiene con los campesinos, debe avanzar en la incorporación de la Declaración de los Derechos de los campesinos firmada por 121 países ante la ONU”. Situación que representaría beneficios para 15 millones de personas que viven en el campo colombiano.
Si la propuesta del congresista Ciro Fernández continúa tomando fuerza, igual que su gestión frente a los recursos de FINAGRO, se abrirá una ventana real para que a los campesinos se les garanticen sus derechos, se garantice la soberanía alimentaria y se mejoren las condiciones económicas y laborales para las personas que salvaguardan nuestra tierra y recursos naturales.
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