En esta compleja situación que vive Colombia por cuenta del COVID-19, salen a la luz, las debilidades y falencias que padece el sistema de salud. Pero, no obstante, de los problemas por los que atraviesan varios hospitales, clínicas y centros de salud, en diferentes partes de Colombia, se le agrega a estas situaciones, la intolerancia, el irrespeto, el señalamiento, la persecución, la criminalización y las amenazas de muerte contra el personal de la salud, bien sea por tener distintivos de su profesión, por fuera de los hospitales o por vivir en sitios donde reina la intolerancia.
La mayoría de países que tienen casos de COVID-19, entre sus habitantes, han estado en aislamiento obligatorio.
Para el caso de Colombia, casi todo el país está en aislamiento obligatorio, salvo el personal de salud, los trabajadores de seguridad, la fuerza pública, los transportadores, algunas tiendas de productos básicos y de primera necesidad, supermercados, algunos restaurantes, así como los agricultores y campesinos, estos últimos dos, se encargan de garantizar la soberanía alimentaria, pese a las importaciones de comida, que afectan la producción de alimentos nacionales.
Según las cifras oficiales del Ministerio de Salud, a la fecha del 25 de abril del 2020, nuestro país tiene 5.142 personas con COVID-19, 233 personas fallecidas y 1.067 personas recuperadas. La ciudad con más casos de este virus, es Bogotá con 2.152, seguido del departamento del Valle del Cauca con 816, Antioquia con 449 y Bolívar con 226 casos. No está de más, recordar que los datos que se revelan, tienen un atraso de alrededor de dos a tres semanas, así que la cifra que el Gobierno Duque entrega a diario no es la real. Según El Instituto Nacional de Salud, en Colombia hay 37 laboratorios en 10 departamentos del país, para diagnosticar el COVID-19.
El Instituto Nacional de Salud, informó que a fecha del 24 de abril, se encuentran 306 integrantes del personal de la salud confirmados con COVID-19, que se clasifican en: 80 médicos, 42 enfermeros, 95 auxiliares de enfermería y 11 terapeutas.
Algunas decisiones del Gobierno Duque se podrían considerar tardías, pues pudieron disminuir el número de contagios, por ejemplo, las restricciones para la llegada y salida de vuelos nacionales e internacionales, y la falta de controles rigurosos de Migración Colombia. Desde el primer caso de COVID-19, no se monitoreó de manera permanente y rigurosa a los viajeros, como también en muchos casos, durante la cuarentena de 14 días, las autoridades nunca fueron a las casas de los viajeros a verificar que si estuviesen cumpliendo con la cuarentena.
El Gobierno Duque expidió el Decreto 538, el 12 de abril del presente año, el cual en su artículo 9 plantea: “Llamado talento humano para la prestación de Servicios de Salud. Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión del Coronavirus COVID-19, todo el talento humano en salud en ejercicio o formación, estará preparado y disponible y podrá ser llamado a prestar sus servicios, reforzar y apoyar a los prestadores de salud del país. El acatamiento a este llamado será obligatorio”.
El Art. 9 pone en riesgo la vida del personal de salud, pues como se puede constatar en redes sociales y diferentes medios de comunicación, en varios hospitales y clínicas del país, el personal de salud no cuenta con los elementos de bioseguridad necesarios para atención y prevención del coronavirus. En varios casos, obedece a que las ARL no cumplen con la entrega y suministro de los elementos de protección personal, destinados hacia todo el personal de salud, para prevenir el COVID-19.
Dados los pronunciamientos del personal de salud, los plantones en los diferentes hospitales y centros de salud, en los diferentes departamentos del país, y debido a la presión tanto por medios de comunicación, como en redes sociales, el Gobierno Duque, el pasado 23 de abril, firmó la resolución 628, en donde modifica la obligatoriedad que tenía el personal de salud para prestar los servicios, y atender el COVID-19, hacia una situación extrema, donde no haya la capacidad necesaria para atender, llegando a necesitar a todo el personal de salud.
Los integrantes del personal de la salud han sido objeto de diferentes atropellos, ya que los empleadores en varios casos los obligan a prestar servicios de salud, sin los elementos de bioseguridad para prevención del COVID-19.
Hay varias denuncias del personal de la salud, los cuales han renunciado a sus trabajos por falta de pagos, y atrasos de los mismos, hasta de más de 5 meses, sumado a la reducción de sueldos, y porque no les dan los elementos de bioseguridad, carecen de insumos médicos, los equipos muchas veces no sirven, o porque piden a sus empleadores que se les practiquen pruebas de COVID-19, por haber tratado a pacientes con dicho virus, y el empleador no escucha ni atiende el llamado de los integrantes del personal de la salud.
Las falencias del sistema de salud, en parte se mantienen por la forma como funciona el sistema, pues son las EPS, quienes en la mayoría de situaciones ponen condiciones, para contratar al personal de salud, poniendo a la salud como un modelo de negocio y no como un sistema para mejorar la calidad de vida de los colombianos.
En palabras de la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, Carolina Corcho: “el sistema de salud sigue bajo el control financiero y de contratación de las EPS, lo que no garantiza equidad en el acceso de servicios, y la posibilidad de un mínimo principio de planeación por parte del Estado. Las 48 EPS, cada uno bajo su forma de operación idiosincrática mantienen el control de lo que en este sistema son negocios y contratos con clínicas y hospitales para proveer a sus afiliados una cama de UCI y cualquier servicio de salud hospitalario. Si se mantiene esta condición, el acceso a camas de UCI desatará la guerra del centavo”. (Corcho).
Pero no solo las EPS protagonizan la precarización y la vulnerabilidad laboral para el personal de la salud, las ARL también se han visto envueltas en escándalos, al no querer suministrar las dotaciones de protección y elementos de bioseguridad en varias regiones del país, tanto así, que hace unos días, el Ministro de Trabajo hizo un llamado de atención a las ARL, junto con los empleadores para que se coordinaran, con el fin de establecer la dotación y los elementos de bioseguridad que se requieran para el personal de la salud, aunque el Ministro les dio 72 horas para que definieran que insumos iban a entregar, al parecer las ARL no cumplieron.
Hasta la Contraloría General de la Nación se pronunció el pasado 23 de abril, y le puso un ultimátum a las ARL, en donde explicaron que, si las Administradoras de Riesgos Laborales persisten en su negligencia de incumplir con la entrega de los kits de bioseguridad, este ente de control le pedirá a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Procuraduría General y al Ministerio del Trabajo que realicen las indagaciones e investigaciones del caso, para establecer sanciones.
A los abusos de las EPS y de las ARL, ahora se suman las de los empleadores, recientemente el país conoció el caso de una médica en Barranquilla, que fue despedida sin justa causa, se trata de Alejandra Dulcey Mejía, que trabajaba en el hospital Camino Bosque de María.
La médica Alejandra Dulcey explicó su caso: “traté a un paciente con unas colegas, no se le alcanzaron a hacer las pruebas, el paciente muere, se le hace la prueba del COVID-19 postmortem y da positivo. Entonces, le pregunté a la jefe de epidemiología y a mi jefe, que quién nos iba a tomar las muestras en caso de dar positivo, si era la ARL o la EPS, que quién se iba a hacer cargo de la enfermedad, la jefe de epidemiología nos tomó los datos a todas, y nos dijeron que nos llamarían para hacernos la prueba, y al día de hoy, no me han llamado a mí, ni a mis compañeras. El día viernes 17 de abril, estaba posturno, ese día era jueves, tenía turno de noche, y les dije, díganme de una vez, porque si el paciente dio positivo, yo me voy enseguida, a que me tomen la muestra a mi prepagada. El día viernes me enviaron un comunicado en donde me despiden sin justa causa”.
Otras situaciones lamentables que se han presentado por abusos e incumplimientos laborales al personal de salud son: la renuncia de 25 fisioterapeutas de la Clínica el Bosque, en Cartagena, por falta de insumos. En el hospital San Rafael, municipio de Fundación, hubo renuncia masiva de médicos ante la falta de garantías. Y otra renuncia masiva de médicos fue en Leticia, en el hospital San Rafael, por falta de garantías para atención y prevención del COVID-19.
En Colombia, a finales de 2019, algunos médicos desestimaron que el COVID-19 llegara a Colombia, lo cual genera bastante inquietud, acerca del por qué si el Gobierno Duque había realizado seguimiento y estudio al COVID-19, desde el 2019, este no tomó medidas más rápido y más oportunas, para disminuir la agilidad de la expansión del virus.
El virus es complejo de entender, y aún no hay ninguna vacuna ni medicamento contra este, esta pandemia se ha logrado expandir alrededor del mundo con gran facilidad, y para indagar un poco más sobre la situación, la médica, y cirujana general de la Universidad de Antioquia, docente de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín, y Magister en Epidemiología, Mónica Restrepo hace la siguiente reflexión: “pero por qué ha afectado tanto esta pandemia a nuestro planeta? Primero es importante entender que siempre que existan los seres humanos, existirán las pandemias, esta no será la primera ni la última, además las pandemias han tenido a lo largo de la historia alta letalidad, impacto en la productividad y por lo tanto en la economía. Como se trata de un virus desconocido, del cual cada día encontramos síntomas diferentes, y cambios en su fisiopatología, la lucha por encontrar una cura y tratamiento adecuado, se ha tornado cada vez más difícil; a la fecha podemos encontrar en la literatura incluso alrededor de 6.000 artículos, todos con el fin de encontrar el mejor tratamiento para salvar la vida de estos pacientes, y aun así, sigue teniendo en duda a toda la comunidad médica”.
Muchos se preguntarán cuanto tiempo más durará el aislamiento obligatorio, y si el COVID-19 tendrá tratamiento con medicamentos o no, así como también, si será fácil de sobre llevarlo o no.
Y para entender un poco más como está el panorama actual del COVID-19, la química farmacéutica, profesora de farmacoepidemiología del departamento de Farmacia de la Universidad Nacional y directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional, Claudia Vacca hace está explicación: “el COVID-19 llegó para quedarse, vamos a seguir viviendo con el virus como humanidad, y vamos a tener que adaptarnos a ese virus, ya se instaló. No tarda menos de 18 meses, eso va a condicionar mucho la forma como los países van a definir quienes salen y como salen, cuanto tiempo salen, y si se producen confinamientos sistemáticos, es decir, si se puede permitir que la gente salga un tiempo, o si se deben volver a implementar confinamientos, para evitar que se generen picos en la atención en salud, y así impedir que el sistema de salud colapse. De los medicamentos que se están probando hasta el momento, ninguno ha mostrado que sea efectivo, y eso va a tardar. Los ensayos clínicos van a demorar entre 3 y 6 meses para saber si funcionan, y después, se tendría que garantizar la producción, que son por lo menos otros 6 meses. Entonces, por lo menos antes de un año, no tendremos acceso a tratamientos amplios, y posiblemente no tendremos tratamientos, y a la final de esto, lleguemos a la conclusión de que no hay ningún tratamiento que sea eficaz, y que nos toque solamente a partir del lavado de manos, el distanciamiento social, y los confinamientos sistemáticos, para lograr controlar las complicaciones asociadas al virus. Pero confió en que la especie humana va a lograr unos niveles de inmunidad que permitan disminuir el daño, y los efectos de la presencia del virus sobre los humanos. Y al final, una proporción baja de personas serán las que se complican, y van a ser las que entren a los servicios hospitalarios. Espero que eso pase, porque además la mutación que ha generado el virus por ahora, de lo que han logrado identificar, no muestra que sean más letales, o que hagan más daño que la primera que se logró caracterizar”.
Por lo que expresó la profesora e investigadora Claudia Vacca, parece que por el momento, sólo queda mantener un constante y juicioso lavado de manos con agua y jabón, pues por el momento no hay ningún medicamento ni vacuna para el COVID-19.
En medio de la crisis por la pandemia, y pese a todas las dificultades que esto ha implicado para la economía del país, pero en especial, la grave crisis que se generó en miles de familias vulnerables, y en trabajadores informales en toda Colombia, diferentes movimientos, organizaciones, empresas y particulares, han desarrollado importantes donaciones y ayudas humanitarias, tanto para familias vulnerables, como para el personal de la salud.
Un ejemplo de estas buenas causas, es la de “El Chocó te necesita”, la cual ha sido promovida por el médico de la Universidad Javeriana, especialista en cirugía plástica y reconstructiva, y ambientalista Camilo Prieto, quien explica en que consistió la Donatón por el Chocó: “surge porque recibí unos videos de unos amigos que trabajan en Quibdó, y al conocer las condiciones en las que estaban trabajando, y la misma situación por la que pasaban los médicos rurales de Condoto, me di cuenta, que primero, no tienen ni siquiera los elementos más básicos para protegerse, y segundo, tienen muchos problemas en el atraso del pago de sus salarios, por ejemplo, en el hospital San Francisco de Asís, les deben 5 meses de salario. Entonces, con todo esto, pues dijimos bueno, estamos en medio de la crisis y no podemos esperar a que la institucionalidad lo solucione, y de ahí surgió la idea de generar esta campaña, para conseguir 1.000 equipos de protección, para el personal de salud de Quibdó, y también unos equipos de protección para Condoto. Ahora bien, a esta estrategia se sumó el Ejército, que nos dona el transporte de Bogotá a Quibdó, así como muchos ciudadanos que donaron dinero, insumos y elementos de protección, la meta ya se cumplió y es satisfactorio”.
Como dato curioso, la campaña al 23 de abril del presente año, llevaba 1.200 overoles de protección personal, más de 3.000 mil filtros, más de 1.000 tapabocas y 300 caretas. Acciones como estas sacan lo mejor de las personas, y es una importante labor para ayudar a departamentos como Chocó, que históricamente han estado olvidados por el Estado, y que siempre han sido víctimas de la corrupción política y de los contratistas.
Este artículo no se puede terminar, sin antes agradecer a todo el personal de la salud, que siempre han arriesgado sus vidas para salvar a las personas. En estos momentos difíciles, lo mínimo que podemos dar al personal de la salud es nuestra solidaridad, no puede ser que haya personas en diferentes partes del país, que le impidan el ingreso a almacenes de cadena, restaurantes o supermercados, a los integrantes del personal de salud por tener distintivos de su profesión. Esos estigmas no ayudan ni contribuyen, sólo generan al deterioro de nuestra sociedad. No puede ser que, en el norte de Bogotá, a un médico lo hayan amenazado de muerte junto a su familia, y que le hayan pedido que se vaya del conjunto residencial, eso no tiene presentación, es un acto delincuencial y una falta de respeto con el personal de salud, que salva las vidas de todas las personas.
El presidente Iván Duque debería hacerle caso al personal de salud, e implementar el Régimen Especial, para eliminar el modelo de contratación por prestación de servicios, con el fin de evitar la precarización laboral, y para que los integrantes del personal de salud, tengan unas condiciones mínimas y dignas para ejercer su trabajo. Los odontólogos también pidieron que se les de una solución para reactivar su sector, a través de redes sociales y medios de comunicación, pidieron al Gobierno Duque una póliza de seguridad en caso tal que alguno llegue a fallecer por COVID-19, como también le hicieron un llamado al Gobierno Duque para que obligue a las EPS, a dotar de insumos e implementos necesarios a los odontólogos, para que tengan todas las medidas de prevención y precaución necesarias por el COVID-19.
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